Zarraluqui dice que el TAV sigue adelante entre peticiones para que dimita

Hace unos días vimos en la prensa navarra (Gara, Diario de Noticias, Diario de Navarra) la noticia de que el consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, había acudido al Parlamento para explicar la situación en la que se encuentran las obras del TAV en Nafarroa después de que un tribunal declarara ilegal su construcción.

A las dudas que se ciernen ya sobre el mastodóntico proyecto (sobre su conexiòn, su coste y la necesidad de hacerlo, o por los impactos ambientales), se une el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya sentenciado que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del TAV está caducada y, por lo tanto, es nula.

Para el consejero, la sentencia del tribunal no significa nada, porque el recurso interpuesto ha impedido que devenga en firme. Zarraluqui sigue sosteniendo que todo está «en regla» y que las declaraciones de impacto ambiental (DIA) fueron «validadas a tiempo».

Zarraluqui afirmó que la declaración se mantiene y se pueden continuar con las obras salvo que el Supremo diga lo contrario, algo "improbable", vaticinó el consejero. Este defendió que la DIA "nunca caducó". "Se aprobó en 2004 y en 2006 entró en vigor una nueva ley de evaluación de planes y programas que establecía la caducidad de cinco años, pero nada decía esta ley de las DIA anteriores". Según informó, en marzo de 2010 existe la última referencia legislativa al respecto que establece que las DIA anteriores a 2006 tendrían vigencia de tres años, a su juicio, hasta 2013. Así, al consejero le cuadran las fechas. Lo que no pudo obviar Zarraluqui es que el problema se recrudece con el bucle ferroviario de Pamplona, cuyas obras todavía no han empezado, por lo que la DIA correspondiente queda caducada y Fomento tendrá que volver a tramitarla.

Los partidos de la oposición, salvo PP y PSN, le alertaron del enorme perjuicio que sufrirán las arcas navarras si el Supremo falla en contra del Gobierno navarro, y mantiene que las DIAs han caducado. Además, le culparon de seguir adelante con una construcción a sabiendas de que tenía un sustento jurídico endeble. Por ello, reclamaron que se paralicen las obras de forma inmediata.

La Fundación Sustrai Erakuntza -que es quien llevó a pleito al Estado por la caducidad de las DIA- ha reclamado la dimisión de Zarraluqui por mantener las obras sin tener los permisos en regla. Sustrai no entiende que UPN siga con el mismo discurso, cuando ya ha sido echado por tierra por un tribunal.