Pasteles y tartas, cuestión de (ir)responsabilidad (artículo de opinión)

Interesante artículo de opinión de Fernando Mendiola (profesor en la UPNA y ex-preso insumiso) sobre los tartalaris. Visto en el Diario de Noticias.

RESPONSABLES de atentado a la autoridad. Esa es la acusación que la fiscalía de la Audiencia Nacional y el Gobierno de Navarra, como acusación particular, mantienen contra 4 personas que el 27 de octubre de 2011 lanzaron unas tartas a Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra, mientras participaba en una sesión plenaria de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos en Toulouse (Francia). Estos tartazos, según quienes los realizaron, querían servir como advertencia y motivo de reflexión sobre el pastel que algunas empresas y autoridades se están embolsando gracias a la construcción del tramo navarro del Tren de Alta Velocidad. A pesar de que la justicia francesa no actuó, las acusaciones en curso en España, que tendrán vista pública hoy, 18 de noviembre, estiman que son responsables de un "atentado a la autoridad" y merecedores de un castigo de prisión entre 5 y 9 años de cárcel.

Un despropósito jurídico que nos permite también reflexionar sobre los diferentes grados de responsabilidad e irresponsabilidad con la que están actuando las diferentes partes. Al fin y al cabo, se trata de comparar la (ir)responsabilidad de los tartazos -merengue, para más señas- y la (ir)responsabilidad del pastel, -en este caso euros contantes y sonantes- en juego con la construcción del tramo navarro.

La (ir)responsabilidad del tartazo

Calificar como atentado un tartazo supone, además, un claro desconocimiento de los repertorios de la protesta popular no violenta y una evidente irresponsabilidad política.

El lanzamiento de tartas, pasteles, merengues... y otros productos de repostería forma parte de toda una tradición en la que se conjugan tres elementos básicos. Primero, una clara inocuidad, ya que hay una voluntad manifiesta de no causar ningún daño físico. Segundo, una explícita voluntad de crear debate social partiendo del ridículo en el que queda la persona entartada. Por último, la asunción de responsabilidades por parte de quien lanza la tarta, que actúa públicamente y a cara descubierta.

Así pues, esta acción recoge características clásicas de la desobediencia civil y la acción directa no violenta, en la línea de decenas de tartazos lanzados a diferentes autoridades y personalidades de todo el mundo, entre ellas Nicolas Sarkozy, Bill Gates, Milton Friedman, y que nunca han sido condenados con penas de cárcel.

Si esa calificación carece de todo fundamento jurídico, también carece al mismo tiempo de todo tipo de sensibilidad hacia quienes han sido víctimas de atentados o agresiones violentas. ¡Ojalá hubieran sido con tartas todas las agresiones que se han dado en nuestra tierra en el último siglo! Sería bonito ver las fábricas de armas reconvertidas en pastelerías, y la tenebrosa lógica de los daños colaterales en una lotería por la que te podrías ganar una merienda o desayuno gratis.

La (ir)responsabilidad del pastel

Sin embargo, las peticiones fiscales tienen objetivos diferentes. Por un lado, intensificar la criminalización de todo tipo de protesta en esta situación de empobrecimiento para la mayoría de la sociedad, y por otro llevar la atención a la tarta y alejarla del pastel, de ese oscuro negocio de funestas consecuencias económicas para la gran mayoría de la sociedad en el que se ha convertido un modelo de crecimiento basado en el ladrillo y la deslocalización empresarial, buscando un aumento de los beneficios privados con altos costes ambientales (crecimiento continuo del transporte de mercancías) y sociales (reducción de costes laborales, pérdida de derechos sociales, etcétera).

Una de las piezas de este modelo ha sido la vorágine constructora de autopistas y trenes de alta velocidad. En este último caso han sido varios los estudios que, tanto desde el movimiento ecologista como académico, han llamado atención con datos sólidos sobre la falta de racionalidad y justificación económica de esta fiebre constructora que nos ha convertido, tras China, en el estado del mundo con más kilómetros de vías de alta velocidad, tanto servicio como en construcción.

Es más, todas las líneas de TAV en construcción actualmente en España, entre ellas el corredor navarro, están por debajo del umbral de utilización mínimo que la Unión Europea señala como mínimo para su construcción (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, 2008, páginas 82-84). Además, la realidad está desmintiendo el discurso oficial, y la apuesta por el TAV ha ido pareja a una cada vez mayor marginalidad del ferrocarril en el transporte en España. Según datos de Eurostat, especialmente llamativa es su baja utilización para mercancías, con un descenso de la cuota modal entre los años 1991 a 2011 del 10,7% al 4,5% (en la Unión Europea supone el 18,45), pero la tendencia se da también en el transporte de personas, en el que la cuota modal ha caído del 6,9% al 5,5% entre los años 1990 y 2011 (7,1% en la Unión Europea, en 2011).

Es fácilmente visible que la fiebre constructora del AVE va unida al desmantelamiento del ferrocarril convencional, mucho más útil socialmente, vertebrador del territorio, ahorrador de energía, y en el que es muchísimo más barato realizar inversiones que mejoren sustancialmente su velocidad, seguridad y eficiencia. Sin embargo, los intereses de la fiebre constructora son otros, como se ha visto recientemente en los papeles de Bárcenas, donde podemos ver a potentes constructoras concesionarias de buena parte de las obras del AVE (FCC, Sacyr-Vallehermoso, Azvi SA, Construcciones Hispánicas...) realizando generosas donaciones al PP.

En conclusión, estos tartazos han servido para sacar a escena el verdadero pastel. Sus autores han actuado con responsabilidad, de manera desobediente y no violenta, promoviendo un debate necesario sobre el modelo de transporte y de sociedad. Un debate, sin embargo, continuamente escamoteado por quienes de manera irresponsable y fetichista alientan el despilfarro del cemento y al mismo tiempo recortan gastos en servicios y derechos básicos de toda la ciudadanía.