"Las grandes compañías de infraestructuras compraban los consejos de ministros..."
Seguimos hablando del "Caso Bárcenas" y de la querella que han puesto contra el PP partidos políticos y grupos ecologistas como Ecologistas en Acción. Ayer venía en el diario Gara una entrevista al abogado Enrique Santiago, y decía cosas como estas (extraído de la entrevista completa):
¿Cree que ahora deberían de abrirse nuevas líneas de investigación?
No es que se abra ninguna línea, sino que ha confirmado al 100% todo lo que nosotros decimos en la querella: que lo grave no son los trajes o los sobresueldos de Rajoy. Lo grave es que durante años ha existido un sistema por el cual las grandes compañías de infraestructuras compraban los consejos de ministros. Nosotros creemos que no estaban pagando estrictamente por contratos, aunque en ocasiones fuese así. Por lo que estaban pagando era por determinar las políticas de infraestructuras: el Plan Hidrológico Nacional, los planes del AVE... De hecho hay declaraciones de imputados que nos llevan a confirmar eso. Villar Mir intentando eludir responsabilidades por negociar contratos dijo que no se había reunido con Jaume Matas para esto, sino para hablar sobre el Plan Hidrológico Nacional. También hay otro elemento importante que ha confirmado ahora Bárcenas y lo dijo Vileda, responsable querellado del grupo Rubau Construcciones, que ha trabajado mucho en autopistas y AVE y que aparece como uno de los pagadores habituales. En su declaración habla de una comisión de infraestructuras del PP. Una comisión que no figura en los estatutos, que nadie sabe qué es y en la que, según su declaración, estaban Bárcenas, Lapuerta y distintos empresarios, entre ellos, él. Es evidente que esa comisión no era para ver si funcionaban los ascensores de la calle Génova. Le preguntamos y él no supo aclarar para qué servía. Bárcenas dijo que en esa comisión se definían los grandes planes de infraestructuras que el PP iba a incluir en su programa electoral y si ganaba iba a ejecutar. Nosotros creemos que la esencia del asunto es este.
Entonces, ¿hablamos del «caso Bárcenas», del «caso PP» o lo que se pone en tela de juicio es todo un sistema?
Nosotros no pusimos una querella porque pensásemos que Rajoy se había metido al bolsillo 2.000 euros al mes o le habían pagado los trajes. La pusimos porque apreciamos que estamos hablando de un sistema de cooptación mafiosa, un sistema criminal que ha cooptado o comprado consejos de ministros. El asunto no es que estuvieran pagando sobres a determinados dirigentes del PP. El problema es que esos dirigentes, en los períodos en los que gobiernan, se sientan en los consejos de ministros. Y entonces también percibían ese dinero. Por lo tanto, hablamos de un consejo de ministros comprado, cooptado o como quieras llamarlo. Eso es lo grave. Esto ha tenido un coste brutal para toda la ciudadanía. Hay tramos de AVE cuyos presupuestos se han incrementado en 2.000 o 3.000. Hablamos del «caso constructoras» y «caso cooptación del Gobierno» por esas mismas constructoras.
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