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El pasado viernes se celebró el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, en el que representantes de todos los grupos políticos estuvieron presentes para reafirmar su postura en contra de todo uso de violencia machista.

Mientras veía la noticia del dicho acontecimiento, se podía leer que la friolera de 545 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en los últimos siete años en España. Esta cifra resulta realmente escalofriante pero más que en la cifra hay que reparar en el dato de que únicamente un veinte por ciento de los casos se denuncian, lo cual sea probablemente el motivo de lo primero.

Equiparándolo a otro tipo de violencias bastante más mediáticas y susceptibles de ser utilizadas políticamente, sin ser del todo comparables, esta la golea en lo que a número de víctimas se refiere, por lo que desde las instituciones pienso que habría que combatir esta amenaza de otra forma, ofreciendo una mayor protección a las denunciantes.

Pero el problema es que los maltratadores son anónimos hasta que perpetran y no sería posible una persecución, pero lo exigible es que las mujeres que denuncian tan solo una vez cuenten con una protección, ahora que hay paro en el sector, para que la desgracia en ningún caso vaya a más y, por otro lado, reparar en la importancia de concienciar al entorno de la victima de que al más mínimo indicio de maltrato es imprescindible la total implicación y la correspondiente denuncia, con el fin de evitar posteriores lamentos y, sobre todo, con el fin de que el desaprensivo en cuestión se pudra entre rejas.